No fue hasta diciembre que el gobierno federal anunció la asistencia en efectivo específica para la pandemia para los ciudadanos: un pago de $ 570 para cubrir los gastos funerarios en caso de que un miembro de la familia muera de Covid-19.
El dolor económico que siente la mayoría pobre de México se ha visto agravado por el devastador costo del virus. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, México está empatado con Perú en la tasa de letalidad más alta del mundo: más de nueve de cada 100 personas que se sabe que están infectadas con Covid han muerto. Las disparidades en el sistema de salud del país significan que los pacientes covid que son hospitalizados en hospitales públicos tienen muchas más probabilidades de morir que aquellos que pueden pagar la atención privada. Los casos del país se dispararon en el Año Nuevo; hoy el total de muertes en México sólo va por detrás de las de Estados Unidos, Brasil e India.
A lo largo de la crisis económica y sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo hace dos años y medio, se ha mantenido optimista. Después de que se anunciaron los primeros casos de coronavirus en México en marzo del año pasado, sugirió que llevar amuletos e imágenes de santos protegería a los mexicanos del Covid-19. En junio pasado, López Obrador dijo que, junto con el distanciamiento social, una dieta adecuada y una buena higiene, "no mentir, no robar y no hacer trampa" ayudó a prevenir la infección.
El hombre de 67 años finalmente contrajo Covid en enero, después de meses de restar importancia a la pandemia y aparecer sin máscaras en eventos públicos. Después de su recuperación, afirmó que ya no necesitaba usar una máscara, ya que ya no era contagioso.
Desde el Año Nuevo, las campañas de vacunación han comenzado a desplegarse en todo el país. En diciembre, los médicos y enfermeras del sector público fueron los primeros en recibir vacunas; desde febrero, una de las siete vacunas aprobadas para su uso por los reguladores se ha puesto a disposición de las personas mayores y los maestros. A partir de este mes, las personas mayores de 40 años pueden registrarse para acceder a una vacuna. Al momento de la publicación de esta historia, poco más del 10 por ciento de los mexicanos están completamente vacunados.
Ante la disrupción masiva derivada de la pandemia, desde que asumió el cargo, el presidente ha impulsado muchos planes y proyectos existentes: promover la "austeridad republicana" y poner fin a la corrupción, prometer modernizar la petrolera estatal e impulsar proyectos de infraestructura diseñados para aumentar el flujo de bienes y turistas. A medida que los homicidios aumentaron, creó una nueva Guardia Nacional y respaldó una mayor participación militar en los asuntos civiles.
López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, fue elegido en julio de 2018 con una amplia mayoría. Veterano político y exalcalde de la Ciudad de México, fue su tercera candidatura para el cargo más alto del país. Su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se llevó el Congreso y el Senado, además de ganar cinco contiendas por la gubernatura y el control de la Ciudad de México. AMLO se inconeró como candidato progresista, prometiendo trabajar por la justicia para las víctimas de la violencia; poner fin a las masacres, que se habían generalizado durante las dos administraciones anteriores; y "priorizar a los pobres, por el bien de todos".
La victoria de AMLO energizó la política mexicana y llevó a muchos a especular que el país finalmente estaba teniendo su turno como parte de la "marea rosa" del liderazgo izquierdista en América Latina. Desde su primer día en el cargo, López Obrador ha demostrado su maestría en la realización de poderosos gestos simbólicos. El día de la inauguración, se presentó en Palacio Nacional en su Volkswagen Jetta de siete años e inmediatamente abrió Los Pinos, la residencia presidencial, al público como un centro cultural.
Su administración ha calificado formalmente su mandato de seis años como la "Cuarta Transformación" de México, una referencia a tres períodos seminales en la historia de México: la independencia de México, las reformas liberales del siglo 19 y la Revolución Mexicana. Como presidente, AMLO declaró "el fin de la política neoliberal" y exigió disculpas a España y al Vaticano por su papel en la conquista y subyugación de los pueblos indígenas. Y el Plan Nacional de Desarrollo-documento rector de su mandato presidencial- declara "el fin de la 'guerra contra las drogas'" en términos inequívocos.
Pero a dos años y medio de su administración, la brecha entre las promesas de campaña del presidente y sus acciones se está ampliando. AMLO ha impulsado la austeridad en el sector público y se ha negado a introducir nuevos impuestos a los ricos o a ceder en su promesa de evitar contraer nuevas deudas, incluso en medio de las crisis sanitarias y económicas causadas por la pandemia. A principios de 2021, México había gastado menos del 1 por ciento del PIB en alivio de la pandemia (compárese con más del 13 por ciento en Estados Unidos).
Los pagos en efectivo para los más vulnerables han sido algunas de las acciones clave de AMLO para redistribuir la riqueza: se envían cheques regulares a personas mayores, personas con discapacidades, estudiantes, pescadores y campesinos que pueden calificar para un pago mensual a cambio de plantar árboles frutales. Los pagos condicionales en efectivo a los ciudadanos pobres no son nuevos; comenzaron bajo el presidente Ernesto Zedillo en 1997.
Hoy en día estos pagos han sido rebautizados bajo el paraguas de"bienestar",para que coincidan con la marca de AMLO, y se estima que llegan a alrededor de 14 millonesde personas, poco menos de 1 de cada 10 ciudadanos. El presidente ha afirmado que estos mismos programas ayudarían a los más vulnerables durante la pandemia, pero no cubren a la mayoría de los adultos en edad de trabajar, incluidos los trabajadores pobres. El único apoyo disponible para millones de mexicanos es a través de redes familiares y ayuda mutua.
La administración de AMLO aprobó una ley de empleo que fortalece los derechos de los trabajadores a sindicatos independientes, aumentó el salario mínimo y presionó a algunas corporaciones para que pagara los impuestos adeudados al estado. También ratificó el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, y en general se mantiene en buenos términos con las corporaciones más grandes del país y las familias más ricas. Pero la firma de la presidencia de AMLO hasta ahora ha sido austeridad en todos los ámbitos, con una excepción: el ejército.
"En todos los decretos aprobados hasta ahora recortando personal en la administración pública y reduciendo el gasto en línea con las políticas de austeridad, siempre hay una cláusula en la que las fuerzas armadas están exceptuadas", dijo Mariano Sánchez-Talanquer, un economista político mexicano que actualmente es académico de la Academia de Estudios Internacionales y de Área de Harvard. "Mientras todo lo demás se reduce, y el resto del estado vive a través de la escasez fiscal, que ahora se ve agravada por la crisis económica, el único sector del estado que ha visto aumentado su presupuesto y, por lo tanto, su poder, es el militar".
Sánchez-Talanquer comparó la postura del presidente sobre el ejército con un "cebo y cambio", en el que AMLO prometió frenar a los militares, pero en su lugar profundizó y amplió su papel. Aunque aquellos fuera del círculo íntimo del presidente todavía no saben exactamente qué informó su cambio de opinión, el poder sustancial del ejército, fortalecido después de más de una década de despliegue en todo el país, no puede pasarse por alto.
Al inicio de su mandato, López Obrador desconoció una coalición diversa de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que exigían que la Guardia Nacional fuera una fuerza civil, como lo estipula la Constitución. En cualquier caso, desde 2019 un soldado de carrera ha liderado la Guardia Nacional, las tropas ahora suban más de 100.000, la mayoría de ellos ex soldados.
En mayo pasado, AMLO firmó un acuerdo que regularizaba el papel activo del ejército en la policía hasta el final de su mandato. Contrariamente a las promesas de AMLO de poner fin a la guerra contra las drogas, el ejército sigue activo en la aplicación de la prohibición. En un día cualquiera en México, se estima que hay 150.000 fuerzas armadas desplegadas en todo el país, más de la mitad de ellas dedicadas a la pacificación. Los soldados detuvieron a más personas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 que en cualquier año desde el inicio de la guerra contra las drogas, y las fuerzas armadas continúan confiscando cocaína, marihuana y fentanilo.
Bajo AMLO, las fuerzas de seguridad han asumido un papel descomunal en el país. Hoy en día, los soldados están construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y colocando pistas para una sección del Tren Maya, construyendo miles de nuevos bancos y ayudando con los programas sociales y la distribución de vacunas. Los marines, una fuerza militar de élite con estrechos vínculos con Estados Unidos, ahora controlan los puertos de México; y la Guardia Nacional se ha hecho responsable, junto con el ejército, de vigilar a los migrantes no mexicanos que viajan hacia el norte hacia Estados Unidos.
AMLO ha prometido durante mucho tiempo llevar justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014. El otoño pasado, cuando el general Salvador Cienfuegos —quien era secretario de Defensa cuando los estudiantes fueron desaparecidos— fue arrestado por cargos de narcotráfico en Los Ángeles, el presidente inicialmente declaró que cualquier persona involucrada con actividades criminales en el ejército sería investigada y castigada. Pero su declaración de rendición de cuentas en las filas sonó rápidamente hueca: Estados Unidos deportó a Cienfuegos a México en noviembre, y apenas unas semanas después el fiscal general de México lo absuelvó de todos los cargos.
Raymundo Ramos, presidente del Comité no gubernamental de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, inicialmente tenía la esperanza de que la nueva administración ayudaría a hacer justicia a las familias de decenas de personas desaparecidas por los marines en esa ciudad en 2018. Ramos y Jessica Molina, cuyo esposo fue desaparecido por infantes de marina ese año, se reunieron dos veces con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, en las primeras semanas de la nueva administración. Pero las cosas no han salido como se había prometido. "Estamos decepcionados con el gobierno actual", dijo Ramos en una entrevista telefónica desde Nuevo Laredo. "A mí me parece que al final el ejército les ha impedido cumplir sus compromisos con las víctimas y las familias de las víctimas".
En abril, 30 infantes de marina fueron arrestados en relación con las desapariciones de 2018 en Nuevo Laredo. Ramos se enteró de las detenciones a través de periodistas, y los familiares de los desaparecidos no fueron debidamente informados de las detenciones. "Mientras el gobierno federal continúe apoyando ciegamente a las fuerzas armadas mientras se distancia de las víctimas, no habrá una mejora significativa", dijo Ramos.
Trágicamente, las desapariciones no han cesado. El número de personas reportadas como desaparecidas en el país desde 2006 asciende ahora a más de 85.000. Más de 37.800 personas han desaparecido desde que AMLO asumió el cargo, de las cuales más de 16.000 aún no han sido encontradas. Según el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, existen al menos 120 colectivos -compuestos ensu mayoría por familiares de desaparecidos- dedicados a la búsqueda y concientización sobre la desaparición. Estos grupos, a menudo liderados por mujeres, se han convertido en una nueva fuerza social en el país, desafiando la impunidad, la complicidad del gobierno y la corrupción del sistema de justicia en un esfuerzo por encontrar a sus seres queridos.
"La verdad es que en lugar de ayudarnos, este gobierno nos ha vuelto a victimizar", dijo Silvia Ortiz a través de WhatsApp. Ortiz es presidenta de Grupo Vida, un colectivo de búsqueda en la ciudad norteña de Torreón, donde su hija Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz fue desaparecida hace más de 15 años. Los cambios recientes en la Comisión Ejecutiva de Asistencia a las Víctimas (CEAV), que ayuda a las familias que experimentaron una desaparición que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado o al crimen organizado, han descalificado a muchos de la asistencia mensual. "Nos dieron 12 días para enviar toda la documentación para volver a calificar para la ayuda mensual", dijo Ortíz. "Ahora están diciendo que tenemos que hacer nuestras compras y traer recibos, y nos reembolsarán, pero ¿cómo ayudará esto a aquellos que ni siquiera tienen suficiente para comprar alimentos?"
En todo el país, los grupos de mujeres han seguido organizándose contra la violencia de género. El 8 de marzo de 2020, las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer fueron una de las manifestaciones más grandes y extendidas de los últimos años. El gobierno de López Obrador instituyó la paridad de género en el gabinete, pero el presidente no ha abrazado ni alentado el creciente movimiento de mujeres, que está presionando por el acceso al aborto legal y gratuito y un cambio estructural radical para poner fin a la violencia estatal y doméstica. En cambio, AMLO minimizó la violencia de género; se situó detrás de su candidato preferido para gobernador de Guerrero, quien enfrentó múltiples acusaciones de violación (fue inhabilitado para postularse por un tecnicismo, y su hija ha continuado su campaña); y advirtió a las mujeres que protestan de ser infiltradas y"manipuladas por conservadores", fascistas y autoritarios.
Los homicidios han continuado a un ritmo aterrador. En 2019 y 2020, hubo 71 mil 072 asesinatos en México, marcando dos de los años más violentos en décadas. Un recuento basado en informes de prensa encontró que había habido 533 masacres (asesinatos de al menos tres personas) en México durante los primeros nueve meses de 2020. Algunas de las masacres acapararon titulares internacionales: el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón, incluidos tres bebés y tres niños, en el estado de Sonora a finales de 2019, o la masacre de enero de 2021 de 19 personas, la mayoría de ellas migrantes guatemaltecos, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero la mayoría de las masacres no se convierten en noticias internacionales y sólo hacen la aparición más breve en el ciclo de noticias nacionales.
Una de esas masacres tuvo lugar en San Mateo del Mar, Oaxaca, hogar de conflictos de larga data con respecto a la gobernanza local y los intereses corporativos en las tierras comunales. Pero en la memoria viva nunca ha habido un asalto tan sangriento como el que tuvo lugar el 21 de junio de 2020, cuando murieron 15 indígenas Ikoots, algunos de ellos quemados hasta la muerte.
Era a última hora de la tarde del Día del Padre cuando un grupo paramilitar que los sobrevivientes vinculan a las autoridades locales utilizó bates y piedras para atacar a 31 personas que ocupaban un edificio municipal. Los atacantes sacaron jarras de gasolina y quemaron vivas a sus víctimas. María del Rosario Guerra me dijo que la Guardia Nacional y la policía estatal acompañaron a los paramilitares a la comunidad y se quedaron de pie mientras sus amigos y compañeros eran asesinados. "La Guardia Nacional estaba allí y no hicieron nada, solo estaban observando", dijo Guerra en una entrevista en la ciudad de Oaxaca.
El ataque ha quedado impune y decenas de familias indígenas siguen desplazadas de sus tierras ancestrales. Alejandrino Abasolo Mora, otro sobreviviente de la masacre, dijo que las fuerzas de seguridad vieron cómo los hombres y mujeres atacados clamaban por ayuda. "No podemos volver a nuestras tierras", dijo Abasolo Mora en una entrevista en la ciudad de Oaxaca en diciembre. En el sexto aniversario de la masacre, los sobrevivientes de Ikoots instalaron tiendas de campaña y un tanque de agua improvisado en la plaza central de la ciudad de Oaxaca en un esfuerzo por presionar al gobierno estatal para que actúe contra los asesinos. Cocinaban comidas sencillas de sardinas y verduras para compartir, dormían en el parque y se duchaban en las casas de los simpatizantes. "Huimos el 21 de junio, los 16 que sobrevivimos estamos desplazados, ninguno de nosotros ha regresado, y por eso hemos venido aquí, seis meses después", dijo Abasolo Mora. Desde entonces han disuelto el campamento, pero siguen desplazados de su comunidad.
Al otro lado de la plaza desde donde los sobrevivientes de San Mateo habían instalado su campamento se encuentra otro, compuesto por indígenas triquis que fueron obligados a abandonar sus tierras por la violencia paramilitar hace más de una década. Aunque el número de desplazados internos en México cayó a 8.864 en 2019 (desde un máximo de más de 23.000 en 2016), el número de eventos violentos que causaron desplazamientos se ha mantenido constante. Un número desproporcionado de desplazados internos en México son indígenas.
la violencia y la pandemia en todo el país, el gobierno de AMLO se ha centrado en proyectos de infraestructura diseñados para acelerar el flujo de mercancías y facilitar el turismo, y ha presionado para aumentar la capacidad de refinería de la petrolera estatal, Pemex. Una vez que una vaca de dinero para el Estado mexicano, hoy Pemex es la compañía petrolera más endeudadadel mundo. Pero el presidente está decidido a cambiar el rumbo. En el presupuesto de este año, 16 mil millones de dólares fueron destinados a Pemex.
El plan de AMLO para el sector de petróleo y gas incluye la construcción de una nueva refinería en el estado de Tabasco y la compra de una parte de una refinería estadounidense en las afueras de Houston, Texas. También sirve como ejemplo de cómo su política a veces parece estar informada por el deseo de regresar al pasado, antes de que el libre comercio y la privatización destriparan la compañía petrolera nacional de México. Sin embargo, intentar volver a la prosperidad alimentada por el petróleo del pasado significa hacer la vista gorda ante la necesidad urgente de reducir la extracción y las emisiones de combustibles fósiles.
Al principio de su mandato, el presidente desechó un polémico aeropuerto parcialmente construido en la ciudad de Texcoco, poniendo al ejército a cargo de la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, que está diseñado para aliviar los retrasos y demoras para los viajeros que entran y salen de una de las metrópolis más grandes del mundo. La construcción continuó a buen ritmo, incluso cuando el tráfico aéreo se redujo en un 50 por ciento debido a la pandemia.
Mejorar las carreteras locales, construir nuevas carreteras y modernizar los puertos y aeropuertos es parte del impulso de transporte de AMLO. Dos proyectos importantes en el sur de México —un tren en la península de Yucatán y un corredor comercial a través del Istmo de Tehuantepec— tienen una posición especial como prioridades presidenciales.
El "tren maya" es un circuito de trenes de 965 millas que transportaría a los turistas de día y combustibles fósiles y otras cargas por la noche entre los balnearios de la Riviera Maya y la ciudad selvática de Palenque, Chiapas. Particularmente controvertidos son el potencial para la especulación inmobiliaria y la privatización de tierras mayas de propiedad comunal, así como la construcción de 19 estaciones de tren que se espera que incluyan nuevos hoteles, centros comerciales y otros servicios para turistas en áreas ecológicamente frágiles.
El gobierno de AMLO ha trabajado para construir un sentido de toma de decisiones compartida para los proyectos prioritarios del presidente. López Obrador promocionó una votación apresurada en 30 comunidades afectadas como una luz verde de las comunidades locales para proceder con la construcción, pero las Naciones Unidas encontraron que el proceso no cumplió con los estándares internacionales que garantizan el consentimiento libre, previo e informado. "No fue una consulta previa, no fue gratuita ni se hizo de buena fe, no fue adecuada y la gente no estaba bien informada", me dijo Sara López, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, en una entrevista en Campeche el año pasado.
El corredor comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México, se originó por primera vez con el conquistador español Hernán Cortés en el siglo 16. La idea ha sido revivida periódicamente por la clase dominante desde entonces. "Ninguno de esos gobiernos... consideró la diversidad lingüística y cultural de la región, o la diversidad de flora y fauna, o la riqueza material e inmaterial de esta tierra", dijo Víctor Cata, activista de la lengua zapoteca e historiadora radicada en la ciudad de Juchitán, Oaxaca.
Cata dijo que mantiene la esperanza de que el enfoque de este gobierno para la región sea diferente. "Esperamos que las cosas se hagan bien esta vez. Es solo el segundo año, y como ciudadanos esperamos que las cosas se hagan bien. Mientras tanto, estaremos haciendo nuestro trabajo y buscando alternativas en nuestra cultura e idioma zapoteca", me dijo en una entrevista telefónica en febrero.
Se espera que la construcción del Tren Maya cree 80.000 puestos de trabajo. A largo plazo, ONU Hábitat ha estimado que se crearán tres cuartos de millón de empleos en la península, y el gobierno ha prometido que los parques industriales y el corredor de tránsito a través del istmo generarán 400.000 empleos directos e indirectos. Ambos megaproyectos se alinean con el deseo de Washington de fomentar una mayor inversión y desarrollo económico en el sur de México para evitar la migración.
El enfoque en proyectos de infraestructura como el nuevo aeropuerto, el Tren Maya y el corredor transítmico reflejan lo que para algunos es un modo anticuado e incluso colonial de la política. "Lo que entiendo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo es intentar renovar el estado y la idea de la nación", dijo Ezér May May, un historiador maya de la ciudad de Kimbalá, Yucatán. Él comparó el impulso del gobierno federal para construir el Tren Maya y llevar a cabo una nueva planificación territorial con una especie de "colonialismo interno", en el que los burócratas de la Ciudad de México imponen su versión del progreso a las comunidades mayas en el sur del país.
Cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, él y sus partidarios acusaron a México de no controlar el flujo de migrantes, principalmente de Centroamérica, hacia la frontera con Estados Unidos. Los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus sus) se introdujeron en el segundo mes de la presidencia de AMLO, lo que llevó a decenas de miles de migrantes no mexicanos a esperar al sur de la frontera con Estados Unidos, a menudo en campamentos informales cerca de la frontera. Aunque el gobierno mexicano prometió proporcionar "protecciones humanitarias apropiadas", periodistas y trabajadores de derechos humanos comparó las condiciones de los migrantes que esperan las audiencias de asilo de Estados Unidos en México con los "campos de concentración". Desde finales de febrero, 10.000 migrantes que viven en campamentos fronterizos mexicanos han ingresado a Estados Unidos para iniciar procedimientos de asilo. El 1 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la terminación del MPP.
La académica Amarela Varela, quien ha estudiado la migración en México durante 20 años, dice que el gobierno de AMLO ha sido "un desastre" cuando se trata de los derechos de los migrantes en México. "No hay interés en crear políticas estatales o públicas sobre asilo y refugiados, y nadie en el gobierno de la Cuarta Transformación está hablando de las miles de familias que son... atrapados, viviendo sin papeles, y nadie está hablando de políticas para ayudarlos a integrarse", dijo Varela en una entrevista antes de que el MPP fuera despedido.
En el verano de 2019, Trump amenazó con aumentar los aranceles a los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos a menos que el país detenga el flujo de migrantes hacia el norte, que es cuando México desplegó la Guardia Nacional para vigilar la migración. En ese momento, la Ciudad de México y Washington también reafirmaron su compromiso de "promover el desarrollo y el crecimiento económico en el sur de México". Anteriormente un crítico acérrimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, AMLO ha tomado desde entonces una posición mucho más pragmática, buscando relaciones amistosas con Washington, incluso bajo Trump, y la élite de México.
Las elecciones de mitad de período, programadas para el 6 de junio, servirán como un barómetro del sentimiento público hacia el gobierno de AMLO. Las campañas se han llevado a cabo en medio de la pandemia y en un clima de violencia electoral. Desde que comenzó el proceso electoral de este año en septiembre de 2020, 89 políticos han sido asesinados. Treinta y cinco de ellos eran candidatos que competían por ganar en la votación del domingo.
Tal como están las cosas, las remesas récord de los mexicanos que trabajan en el extranjero han demostrado ser un salvavidas importante para los mexicanos más pobres, que se están defendiendo por sí mismos durante la pandemia. "Hay un gobierno que no está reaccionando a las circunstancias, que no tiene la capacidad ni los reflejos para ajustar sus prioridades a la situación y la emergencia que vive la población", ha dicho Sánchez-Talanquer. "Es como si fuera un zombi, que sigue adelante con ciertos objetivos [de los funcionarios] establecidos, como si nada más estuviera sucediendo a su alrededor".
Para personas como Mixcoatl y otras personas activas en la economía informal, su esperanza sigue siendo que el gobierno intervenga con asistencia. "El gobierno no nos está ayudando como debería ser", dijo Juan Carlos Morales, quien vende ropa en el Mercado Hidalgo en Puebla. A diferencia de los vendedores del mercado, dijo, los funcionarios del gobierno reciben un salario, trabajen o no. "Si vendemos algo, podemos comer carne; si no vendemos nada, comemos frijoles o una tortilla con sal".
fuente:
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