La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el outsourcing lejos de tener un fondo positivo para la economía de los trabajadores es más bien una medida recaudatoria, siguiendo la línea de éste gobierno para combatir la evasión fiscal, de llegar a ser realidad, afectaría la productividad en las cadenas de valor globales, desincentivaría la inversión y ocasionaría pérdida de 4.5 millones de empleos formales, advirtieron expertos del sector privado.
Apenas el pasado 16 de octubre en Tehuantepec, Oaxaca, AMLO vaticinó que a finales de marzo del año próximo se recuperarían los cerca de un millón de empleos formales que se perdieron por la pandemia de Covid 19.
. “En agosto recuperamos 120 mil; en septiembre, otros 120 mil y hasta hoy, en octubre ya llevamos cien mil. Perdimos cerca de un millón, pero ya llevamos recuperados cerca de 350 mil empleos. Si seguimos así, a finales de marzo vamos a estar otra vez con los 20 millones” que teníamos antes de la pandemia.
Sin embargo durante la conferencia mañanera dijo que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a por lo menos seis mil empresas de subcontratación que generan cinco millones de empleos formales y que según los “otros datos”, representarían una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos.
“Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo (outsourcing) desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción”, señaló.
El mandatario, quien avisó a principios de octubre que ya trabajaba en esa propuesta, subrayó que la práctica afecta a la Hacienda Pública y el desarrollo del país.
“Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Que abusaron”, remarcó.
¿Qué es el Outsourcing?
El Outsourcing es una forma de subcontratación; es cuando una organización contrata otras empresas externas para que realicen actividades, tareas o servicios internos.
El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, defendió las modificaciones a la Ley del Trabajo y dijo que se tenía que hacer para mejorar las finanzas del país y en defensa de la calidad de los empleos del país.
Asimismo, se contempla obligar al contratista a garantizar en su totalidad los derechos laborales, de seguridad social de los trabajadores y que haya igualdad de condiciones entre los trabajadores.
Además, se tiene que garantizar a los trabajadores subcontratados la libertad sindical, la negociación colectiva, el salario mínimo, el reconocimiento de antigüedad laboral, el reparto de utilidades, indemnización en caso de accidente o enfermedad de trabajo, y que a los trabajadores contratados bajo este esquema les sea entregado el contrato correspondiente por escrito y una copia de éste.
Los empresarios se oponen
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó las modificaciones a la regulación de la subcontratación.
Expuso que afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.
El organismo que aglutina a empresarios de todos los sectores ha señalado en múltiples ocasiones que la iniciativa “afecta la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de empresas que realizan actividades de tercerización o subcontratación”.
Consideró que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas. Existen mecanismos legales para controlarlo
El presidente del CEEF, Armando Leñero declaró que “No se requiere desaparecer el outsourcing; se requiere aplicar la Ley Federal del Trabajo; que a través de la reforma a su artículo 15 A, fracciones XIII, XIV y XV, hecha en mayo de 2019, prohíbe la simulación de una relación laboral y los actos que encubran a las empresas para evadir sus obligaciones”,
La reforma al artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo, que se efectuó en 2019, que limitó la contratación por outsourcing, con esta propuesta la LFT la contratación puede ser especializada por un tiempo, no puede ser permanente.
Por otra parte, el gobierno Federal incrementó (en 2019) de 1,000 a 1,500 inspectores para verificar que las empresas cumplieran con los requisitos que establece el artículo 15 A, que el patrón no subcontrate la totalidad de los servicios y se trate sólo servicios especializados que no le agregan valor al objeto social.
Tales como guardias de seguridad, comedores, jardinería, logística quizá, todo lo que sea externo, y obviamente que ninguna persona haga las mismas funciones del beneficiario del servicio y las multas pueden llegar hasta 450,000 pesos por incumplimiento.
La Secretaría del Trabajo, a través de la dirección de Inspección del Trabajo, debe realizar estas inspecciones, sobre las condiciones generales de trabajo y aspectos de seguridad e higiene, pago de utilidades y pago de aguinaldo.
Sin embargo, a pesar de poderse controlar el outsourcing, en conferencia de prensa, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que “a pesar de los operativos y la estrategia que ha mantenido el Gobierno desde el día uno para atacar los abusos de la subcontratación, lo cierto es que el monstruo de mil cabezas persiste y los abusos persisten; por lo cual tenemos que atenderlo y se estará presentando una iniciativa”.
Indicó que de las 4.5 millones de personas que están en un esquema de subcontratación, 2.9 millones estarían en un esquema ilegal
Se perderían 4.5 millones de Empleos
Eliminar el outsourcing en México atentaría contra el empleo y la estabilidad económica de más de 4.5 millones de trabajadores, que hoy laboran a través de dicho esquema, alertó el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
El presidente del CEEF, Armando Leñero, explicó que el anuncio hecho por el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, tiene implicaciones graves. Señaló que, si los diputados federales y senadores concretan dicho anuncio del gobierno, 80% de los trabadores implicados –3.6 millones- pasarían directamente a la informalidad; lo cual implicaría una reducción de 10% a 15% del salario actual y pagos “por fuera” que se prestarían a mayores abusos.
Además, apuntó, de la pérdida de prestaciones laborales como IMSS, Infonavit, aguinaldo y pensiones; cuyo impacto sería más severo en los adultos mayores, ocupados en servicios de limpieza, y para los jóvenes, que encuentran su primer empleo a través del outsourcing.
Armando Leñero indicó que sólo 20% de los trabajadores tercerizados podrían ser recontratados directamente por las empresas que reciben sus servicios; que en su mayoría serían transnacionales o medianas y grandes compañías.
Aclaró que, aun cuando el fantasma de los despidos puede materializarse, éstos no son el principal riesgo; porque se trata de trabajadores que cubren demandas específicas del mercado y que permiten a la continuidad de las organizaciones donde se desempeñan.
Al referirse a las prácticas ilegales en que incurren las compañías que usan el outsourcing para incumplir con la ley, pagar menos, cancelar prestaciones y hasta comercializar facturas falsas, el presidente del CEEF informó que 50% de quienes hoy laboran bajo dicho esquema están en esa clase de empresas.
Subrayó que esto último no se puede permitir, en ninguna organización; y la responsabilidad de combatirlo está en el IMSS, SAT, Infonavit y la Secretaría del Trabajo; que saben y pueden ubicar a las compañías o negocios infractores, para fiscalizarlos, imponer sanciones y evitar abusos contra los trabajadores.
Personal tercerizado o en outsourcing en México:
• 437 mil 506 en microempresas
• 662 mil 538 en pequeñas compañías
• 1 millón 955 mil 465 en medianas empresas
• 1 millón 481 mil 71 en grandes organizaciones
• Total: 4 millones 536 mil 580 trabajadores
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