En México un considerable número de gobiernos municipales instrumentan acciones tendentes a salvaguardar la salud de la población que se consideran como transgresiones a los derechos básicos, situación que alerta a organizaciones ciudadanas y legisladores que a su vez exigen respeto a las garantías establecidas en la Constitución.
Si bien todos reconocen que la pandemia exige una serie de medidas de carácter sanitario es un hecho que continúan vigentes los principales instrumentos internacionales acordados por la gran mayoría de las naciones —México entre ellas— y que establecen, por ejemplo, la libertad de tránsito, así como el derecho al trabajo.
Suspensión de derechos
Como bien sabemos las recomendaciones para disminuir los contagios tienen que ver con evitar el contacto, no salir de casa y prohibir las concentraciones masivas en sitios públicos, incluidos los ámbitos laboral, escolar y de entretenimiento. Para garantizar que estas disposiciones se cumplan algunos gobiernos establecieron incluso el toque de queda, es decir, la prohibición a que la gente transite por las calles.
El primer país en llevar a cabo dicha disposición fue China; posteriormente la impusieron, entre otros, Ghana, Ruanda, Zimbabue, Madagascar, Senegal, Kenia, Costa de Marfil y Marruecos, naciones que establecieron multas y penas de prisión a quienes violaran la medida.
En América el único país que hasta el momento impuso la cuarentena por la fuerza es Chile, por lo que a México respecta el Ejecutivo federal no implementó el confinamiento obligatorio, pero diversos gobiernos estatales como Sonora, sí tomaron medidas extremas que prevén sanciones a quienes transiten por las calles o no usen cubrebocas.
Llamada de atención
António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostiene que la pandemia “es una crisis de salud pública que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”.
Al respecto agrega: “En un contexto de etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia. Y esto es inaceptable”.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deploró a su vez las denuncias de que en diversas partes del mundo “las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva, e incluso letal, para obligar a la población a cumplir las reglas de confinamiento y los toques de queda”.
Añadió que “disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable”.
En este sentido sugirió que “las medidas excepcionales o los estados de emergencia se sometan a la supervisión del Parlamento, el Poder Judicial y la opinión pública” y que las penas impuestas por su transgresión no se apliquen de manera arbitraria o discriminatoria.
También la organización Human Rights Watch recomienda a los gobiernos “evitar las restricciones radicales y excesivamente generales sobre el movimiento y la libertad personal, y solo adoptar restricciones obligatorias cuando esté científicamente justificado y sea necesario y cuando puedan garantizarse mecanismos de apoyo para los afectados”.
Finalmente, en México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los gobiernos locales a respetar el marco constitucional y no excederse en la aplicación de medidas para combatir la pandemia.
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